El proceso de democratización de nuestro país ha sido largo y complejo,  marcado por diversas reformas políticas y electorales, así como por una serie de acontecimientos sociales, políticos y económicos que de manera paulatina han configurado el sistema electoral. Nuestro sistema democrático está pensado en garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en un marco de equidad, pluralismo, inclusión e igualdad de oportunidades.

Sin embargo, nuestra democracia aún es perfectible y existen asignaturas pendientes que tendrán que ser resueltas en el corto o mediano plazo por el poder legislativo y por las autoridades electorales. Una de ellas es la representación política de los pueblos indígenas en los organismos encargados de los procesos de decisión.

Históricamente la representación de los pueblos indígenas ha sido baja, por ejemplo, en la Cámara de Diputados en la LXII legislatura (2012-2015) de 500 diputaciones sólo 7 eran ocupadas por personas indígenas; y en la actual Legislatura (2015-2018) sólo hay 6 personas indígenas y todos son hombres. Ello da cuenta de que este importante sector de la población no se encuentra debidamente representado, ya que según los cálculos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para 2015 vivían en México aproximadamente 15 millones de personas indígenas, cifra que representa poco más del 10 por ciento de la población total del país.

Durante 2016 y 2017, el Instituto Nacional Electoral consultó a 2 mil 525 instituciones representantes de comunidades y pueblos indígenas para conocer si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la ubicación de su municipio en un determinado distrito electoral, así como con la localidad que, en su caso, debería ser la cabecera distrital y las razones de tal elección. El resultado de dicho ejercicio derivó en 28 distritos indígenas en la nueva demarcación federal y 56 a nivel local, en los que al menos el 40 por ciento de su población es indígena.

En este contexto, por Acuerdo del Consejo General del INE el pasado 8 de noviembre se definieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los cargos de elección popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y se establecieron medidas afirmativas para garantizar la paridad de género y la participación política de las personas indígenas.

Con las medidas planteadas en dicho Acuerdo respecto al el registro de las candidaturas a diputaciones federales tendrá que cumplir con el principio de paridad de género, es decir, 50% hombres y 50% mujeres, asimismo, de los 28 distritos identificados como indígenas, al menos 12 de las candidaturas deberán estar encabezadas por personas que se autoadscriban como indígenas, cumpliendo también con el principio de paridad de género, por lo que tendrán que registrarse 6 candidatos y 6 candidatas.

Estas acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrenta la población indígena a fin de garantizar un plano de igualdad sustancial para el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Éste es un paso más en la construcción de una democracia igualitaria e incluyente, que contribuye a que el Instituto Nacional Electoral como autoridad en la materia, brinde mayores elementos que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos y, en específico, los concernientes a los político-electorales de la ciudadanía mexicana.

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