Seguramente en estos días has leído y escuchado noticias y comentarios en redes sociales sobre las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará a algunos de los candidatos y partidos políticos que participaron en las elecciones del pasado 1 de julio. Esto es porque el 6 de agosto pasado el Consejo General del INE, que es la máxima autoridad en materia electoral, aprobó una serie de dictámenes que tendrán como consecuencia multas para los candidatos que presentaron irregularidades en los gastos que realizaron durante las campañas.

Pero antes de darte más detalles sobre esta resolución del INE, tienes que saber que ésta institución es la única del país que tiene las facultades necesarias para fiscalizar el uso de los recursos públicos con fines electorales, es decir, que el INE vigila cuánto y en qué gastan los candidatos, además de asegurarse de que el dinero usado provenga de las fuentes permitidas por la ley y que no gasten más de lo establecido.

Lo anterior significa que, durante las pasadas elecciones, en las que se eligieron 3 mil 406 cargos a nivel local y federal, el INE se dio a la tarea revisar los gastos de campaña realizados por los 17,699 candidatos que participaron y como resultado de esa revisión el Consejo General del INE resolvió que, a partir de las irregularidades encontradas en los informes de gastos e ingresos, los contendientes tendrán que pagar, en conjunto, multas que ascienden a 872 mdp. Para más información consulta https://bit.ly/2vNS4YO.

Y ahora viene la pregunta más interesante, ¿qué se hace con ese dinero? El dinero recaudado no es devuelto al INE, ni se asigna nuevamente como parte de las prerrogativas de los partidos políticos, ya que de acuerdo al artículo 458 de la ley electoral vigente, el dinero recaudado por concepto de multas relativas a procesos electorales federales (presidencia, senadurías y diputaciones), se destinará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mientras que lo correspondiente a las elecciones locales, será entregado a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación

De esta manera, los 872 mdp que los actores políticos habrán de pagar por concepto de multas, serán destinados a becas para estudiantes de diversos posgrados, así como a diferentes proyectos de investigación e innovación tecnológica de gran relevancia para el país. ¿No te parece que ese es el mejor uso que dicho dinero podría tener? Sabemos que el desarrollo de nuestro país depende, en gran medida, del impulso que se le dé a la educación de calidad, a la ciencia y a la tecnología.

Sí, es verdad que lo ideal sería que todos los actores políticos cumplieran con lo establecido en las leyes para que no existiera la necesidad de imponerles multas, pero mientras eso no suceda, lo que mejor que se puede hacer es darles un buen uso a esos recursos.

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